Representantes de seis comunidades mayas de Yucatán expresaron su preocupación por los conflictos que enfrentan en la defensa de sus tierras, el agua y el medio ambiente, así como por investigaciones y procesos judiciales relacionados con algunas personas que participan o acompañan estas causas.
Durante una conferencia de prensa, habitantes de Kinchil, Ixil, Caucel Pueblo, Molas, Santa María Chí y Dzintup hablaron de problemáticas vinculadas con desarrollos inmobiliarios, proyectos energéticos y granjas porcícolas.
Uno de los casos expuestos fue el de Molas, donde representantes comunitarios informaron que presentaron una denuncia ante PROFEPA por la ampliación de granjas porcícolas cercanas a la población.
La comunidad señala posibles riesgos de contaminación y advierte que en la zona existen pozos que forman parte del sistema de abastecimiento de agua hacia Mérida. Estas posibles afectaciones deberán ser investigadas y determinadas por las autoridades ambientales correspondientes.
También representantes de Santa María Chí e Ixil señalaron que la defensa del territorio ha derivado en largos conflictos legales y personales para algunos integrantes de sus comunidades.
En la conferencia se abordó además la situación jurídica de Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, organización que acompaña varios de estos procesos. Actualmente enfrenta procedimientos legales en Yucatán y Jalisco.
Las comunidades consideran que existe un contexto de criminalización de la defensa del territorio y solicitaron garantías para quienes participan en estos procesos.
Más allá de cada expediente, sus testimonios vuelven a colocar una discusión sobre la mesa en Yucatán: cómo conciliar el desarrollo económico con la protección del agua, el medio ambiente y los derechos de las comunidades mayas.
