El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos destinada a eliminar restricciones históricas que impedían la participación de empresas no estatales en la exploración, producción y comercialización de petróleo.
La modificación legal busca atraer capital privado y extranjero, así como tecnología y mejores prácticas internacionales, con el objetivo de reactivar la producción petrolera y frenar la caída económica del país, cuya economía depende en gran medida del crudo.
Esta reforma se produce en un contexto de acercamientos con Estados Unidos y de necesidad de modernizar la industria energética tras años de control estatal estricto y sanciones, aunque aún requiere un proceso legislativo completo para convertirse en ley.
