En un nuevo capítulo de la lucha jurídica de organizaciones mayas contra las obras del Tren Maya, el Juzgado 4o. de Distrito, con sede en Mérida, concedió otorgar la suspensión de los trabajos en el tramo 3 que corresponde a Yucatán.
En esta ocasión, con el apoyo de sus asesores jurídicos, los grupos Múuch Xíinbal y Chuun T’aan impugnaron el 20 de enero pasado la constitucionalidad del Manifiesto de Impacto Ambiental (MÍA) que la Semarnat concedió a Fonatur.
Las acción jurídica se argumentó en la violación al derecho a la información, pues las comunidades indígenas a la que pertenecen los quejosos no tuvieron acceso en ningún momento a los estudios derivados de la MIA; por tanto, no saben el impacto ambiental que tendrá esta obra en sus territorios.
Tampoco tuvieron una adecuada participación para la determinación del mega proyecto ferroviario, como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las organizaciones mayas también combatieron jurídicamente la omisión de realizar una evaluación ambiental regional que incluya todo el estudio de los impactos del proyecto en forma integral. No debieron seccionarlo por tramos porque no se aprecia el impacto acumulativo total.
Aunque de antemano saben que Fonatur se las ingeniará para simular el cumplimento de sentencias, como lo ha venido haciendo, el equipo de abogados de los activistas promoverá juicios de inejecución que son recursos legales que llevan más tiempo; sin embargo, darán mayores elementos a los jueces federales para que tomen cartas en estos asuntos de desacato.
