Mérida, Yucatán, a 14 de diciembre de 2020.- Con el voto a favor de la mayoría de los diputados, se aprobó esta tarde la propuesta de egresos e ingresos para 2021 que el Poder Ejecutivo entregó al Congreso. Esta propuesta tiene como prioridades proteger la salud de los yucatecos, garantizar el clima de seguridad y privilegiar la recuperación económica y la generación de empleos.
Votaron a favor los legisladores del PRI, PAN, PRD, PANAL y Verde Ecologista, así como las dos diputadas independientes. En contra, sólo los representantes de Morena.
En las sesiones de la Comisión de Presupuesto, así como en la del Pleno del Poder Legislativo, se recordó que el proyecto de egresos e ingresos para 2021 ya aprobado es uno de los más ajustados de las últimas décadas, y busca hacer frente a los retos ocasionados por los recortes de la Federación.
Aún en esta difícil situación, la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo y ya aprobada por el Legislativo no contempla nuevos impuestos, resultado de un ejercicio de “empatía, responsabilidad y solidaridad con todo el pueblo de Yucatán”, como se mencionó en la comparecencia de funcionarios del Gobierno del Estado en el Congreso.
En esa misma comparecencia se recordó que en este 2020 “hemos enfrentado juntos el reto más importante de nuestra generación como yucatecos: una pandemia que ha superado todas las expectativas, dos huracanes y tres tormentas que golpearon con severidad a todo el estado. A este duro escenario le hemos hecho frente con recursos propios, siendo un ejemplo de unidad con el esfuerzo de cada las yucatecas y los yucatecos”.
Además del Coronavirus, las tormentas y huracanes, los recortes de la Federación. Al hacer la comparación de 2018 con lo que se va a recibir en el 2021, hay una reducción de más de 5,800 millones en comparación con lo que se recibía hace tres años.
La propuesta aprobada por los legisladores locales fue previamente avalada por el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, integrado en su mayoría por representantes de la sociedad civil, cámaras empresariales y áreas productivas del estado, así como la academia y los colegios de profesionales y expertos en administración y finanzas.