El Poder Judicial del Estado de Yucatán presentó al H. Congreso del Estado el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, que asciende a $1,026.386,596 destinado a la inversión en infraestructura, equipamiento, avanzar en la implementación de tecnologías para mejorar y modernizar su función pública en beneficio de los justiciables así como mejorar las condiciones de trabajo de 1,300 colaboradoras y colaboradores judiciales.
Ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, comparecieron las Consejeras María Ely Farfán Flores y Mariana Gáber Fernández Montilla, acompañadas de la titular de la Unidad de Administración del Tribunal Superior de Justicia, María Cristina Sánchez Tello Zapata, y la directora de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura, Mercedes Guadalupe Gómez Brito.
Las representantes del Poder Judicial del Estado señalaron que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año, se aplicará para hacer más pronta y cercana la justicia en materias civil, mercantil, familiar, penal, laboral y la especializada en adolescentes.
Las servidoras judiciales enfatizaron que la impartición de justicia es una actividad esencial para el desarrollo, la preservación del orden y armonía social en Yucatán y, para continuar como un referente en materia de calidad de vida, es apremiante la necesidad de mejorar la gestión y el desempeño de los órganos jurisdiccionales, lo que ha abierto la puerta a una serie de acciones encaminadas a lograr la justicia digital.
Del presupuesto a ejercer, $275.040,861 se destinarán al Tribunal Superior de Justicia; $727.776,989 al Consejo de la Judicatura y $23.568,747 al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios.
El presupuesto incluye inversiones para reforzar el compromiso con la justicia pronta y cercana, especialmente en casos que involucren derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En este sentido, contempla continuar con los trabajos de mejora en los recintos y sedes del Poder Judicial, muchos de ellos con necesidad de reparaciones primordiales, actualización del parque vehicular y retomar la puesta en funcionamiento de cinco nuevos juzgados familiares (dos de ellos en Kanasín y Umán y los demás en Mérida), uno nuevo mercantil en los Juzgados Mercantiles y Familiares de la calle 35 y otro del área civil en la colonia San José Tecoh.
El proyecto también pretende continuar con el mantenimiento adecuado de las instalaciones judiciales, garantizando un entorno de trabajo seguro y funcional para jueces, personal y litigantes. Además, se contempla un aumento salarial del 5% para los servidores públicos, cumpliendo con la normativa vigente.
El trabajo en el Poder Judicial se destaca por su naturaleza intelectual y cognitiva, requiriendo profundo entendimiento de principios legales, precedentes y legislación relevante de casos que muchas veces involucran a la familia, patrimonio y libertad de las y los justiciables, por ello, la inversión en personal capacitado es crucial, así como la transformación tecnológica para agilizar procedimientos y mejorar la eficiencia
También, la mejora de los sistemas de gestión de casos y bases de datos electrónicas facilitan el seguimiento y la administración eficiente de información, lo que minimiza el riesgo de pérdida de documentos, agiliza la toma de decisiones y nos acerca, eventualmente al juicio en línea, que es uno de nuestros objetivos del mediano plazo.
Sobre esto último, se requiere fortalecer las herramientas tecnológicas para la realización de audiencias virtuales y videoconferencias, que faciliten la participación de las partes involucradas sin necesidad de desplazamientos, especialmente en situaciones de emergencia o urgencia.
Pensando a su vez en adoptar medidas de mayor inclusión, la inversión en infraestructura tecnológica puede hacer que el sistema judicial sea más accesible para personas con discapacidades, proporcionando herramientas y recursos que faciliten su participación en los procesos jurisdiccionales.
Igualmente, abordaron los procesos de preparación para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y precisamente se requiere de mayor tecnología que facilite la rápida adaptación a cambios y actualizaciones de sistemas y procesos para cumplir con nuevos requisitos legales.
Al finalizar su exposición, recalcaron que un presupuesto adecuado es esencial para cumplir con las obligaciones de un Estado en términos de derechos humanos. Esto incluye la capacidad de garantizar juicios justos y equitativos, pues cuando el Poder Judicial cuenta con recursos adecuados, se refuerza la confianza pública en la institución y en la capacidad del sistema para administrar justicia de manera efectiva.
El proyecto de presupuesto tiene esa visión, la de preservar la independencia y la eficiencia del Poder Judicial, asegurando que pueda cumplir efectivamente con su función constitucional de administrar justicia de manera imparcial y equitativa.
