En voto unánime el Pleno del Senado dio su aprobación para la prohibición de que las playas de todo el país sean privatizadas.
El objetivo principal de esta nueva disposición, es para que dichos lugares sean totalmente públicos y libres, para incentivar el turismo y comercio de las regiones.
Quien infrinja dicho decreto, tendría que pagar hasta de 1 millón 42 mil pesos.
Cabe señalar que un tercio de las playas mexicanas hoy en día restringen el acceso por parte de particulares.
