El régimen iraní endureció su respuesta ante la continua ola de protestas que desde hace semanas sacuden al país, y las máximas autoridades prometieron aplicar “castigos decisivos” contra quienes consideran responsables de los disturbios, que califican de actos terroristas, buscando frenar el mayor desafío popular a la teocracia en décadas. El jefe de la policía nacional dio un ultimátum de tres días para que los manifestantes se entreguen, advirtiendo que los participantes involuntarios recibirán clemencia, pero los supuestos instigadores enfrentarán mano dura.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado una brutal represión que ha dejado miles de muertos y un elevado número de detenidos, mientras el régimen justifica su actuación acusando a “enemigos externos” de instigar la sedición y mantiene un prolongado apagón de internet que dificulta la verificación independiente de lo ocurrido.
La situación se desarrolla en medio de una intensa censura y una amplia movilización ciudadana que persiste pese a la violencia estatal, incluyendo destrucción de infraestructura y protestas de solidaridad que han trascendido las fronteras de Irán.
