Las protestas antigubernamentales en Irán, que comenzaron a finales de diciembre por la crisis económica y la inflación, han entrado en su segunda semana con una intensificación de la represión estatal. Las autoridades han respondido con fuerza letal, provocando al menos 65 muertos y más de 2 300 detenciones, según grupos de derechos humanos, mientras que el gobierno impuso un bloqueo nacional de Internet y de las comunicaciones para dificultar la cobertura de los hechos y la coordinación de manifestantes.
El líder supremo, Ali Khamenei, ha rechazado las demandas de los manifestantes y ha acusado a los protestantes de estar influenciados por potencias extranjeras, mientras gobiernos y organizaciones internacionales, como la ONU y la Unión Europea, han condenado el uso excesivo de la fuerza y exigido investigaciones independientes.
La situación se desarrolla en un contexto de tensión nacional generalizada, con protestas que continúan pese al apagón de internet y las advertencias oficiales de castigos severos para quienes participen en actos considerados violentos o de sabotaje.
