MÉRIDA, YUCATÁN A 19 DE MAYO DE 2017.– Se requirieron 45 periodistas asesinados para que el gobierno federal se decidiera reunir a los gobernadores de todas las entidades y anunciara medidas para proteger al gremio más golpeado del sexenio. Alguien, con una dosis importante de cinismo, podría afirmar que son pocos, si se consideran los 45 mil muertos producto de la violencia del crimen organizado. Demasiados, si consideramos que desde 2010 las agresiones a los comunicadores y a los medios han sido una constante de las bandas delictivas que operan en el país.
En algunos estados, como el Veracruz de Javier Duarte de Ochoa, las opciones para el comunicador eran pocas: volverse informante de los cárteles, callar o morir. Se ha repetido muchas veces que no se mata la Verdad matando periodistas. No, pero se le atemoriza, se le obstaculiza, se le transforma en un material peligroso, la Verdad como una especie de kriptonita, de material radiactivo que acaba por destruir a los periodistas que la poseen. No se mata a la Verdad, pero se acanalla a un gremio empobrecido, marginal, golpeado por la economía, el internet y las redes sociales, una profesión tan menospreciada que se piensa que cualquier persona con un smartphone la puede ejercer de manera intuitiva.
Y con una lentitud espectacular, el gobierno de Peña Nieto reacciona tras 52 meses de palos de ciego y ofrece una solución que se ha administrado de manera generosa para resolver problemas: discursos, pronunciamientos, buenas intenciones. ¿Y por qué tanto tiempo? ¿A poco no pudieron reunir a los gobernadores después del primero, de los primeros 10, de los primeros 20 periodistas muertos? De todas formas, poco habría cambiado, pero al menos tendríamos la protección psicológica de saber que los 32 gobernadores y el presidente de la república están preocupados.
Y si desde el punto de vista de los impartidores de justicia el asunto es retórico, para la sociedad y el gremio periodístico la cosa en sencilla: ni un periodista muerto más, castigo para los asesinos de los 45. Y a este reclamo se deben sumar los casos de los activistas por los derechos humanos y cualquier persona cuya integridad física es amenazada por una actividad pública que pretende mejorar a una sociedad que vive en zozobra ante la violencia desbordada.
Un último señalamiento: ya hubo un reconocimiento por parte del gobierno norteamericano de que la violencia de los cárteles es producto del consumo exacerbado de los jóvenes norteamericanos. Buena parte de la cuota de sangre que ha pagado el gremio periodístico tienen este origen. Y es hora de que la causa del periodismo sea atacada de raíz.
