Parcelarios, ejidatarios y habitantes de Kimbilá denunciaron que el gobierno federal pretende la expropiación de más de 6 mil metros cuadrados de tierras de uso común y parte del territorio indígena para el proyecto del Tren Maya.
De igual forma, los presionan para que den la autorización a fin de realizar el respectivo cambio de uso de suelo ante Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En un escrito dirigido al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, entre otros organismos, exponen la situación.
“Como ejidatarios y ciudadanos de Kimbilá expresamos nuestra inconformidad y repudio a estas malas prácticas de las autoridades federales y de líderes ejidales. Es decir, por la manera en cómo quieren imponernos formas de decisión de asuntos tan transcendentes como lo es la tierra y nuestro territorio” expusieron.
Recordaron que, durante las Asambleas Regionales de 2019, el anterior comisario ejidal de Kimbilá sólo asistió a la fase informativa de noviembre, mas no a la fase consultiva de diciembre, tal como queda evidenciado en ambas listas de asistencia.
“Por tanto, ninguna autoridad de Kimbilá participó y otorgó aprobación en el mal llamado proceso de Consulta Indígena y participación ciudadana realizada por el INPI y demás instituciones. Por tanto, ahora ante la intención de construir la totalidad o parcialidad de la estación del Tren Maya en tierras de Kimbilá, no puede considerarse la existencia de una aprobación previa, más porque en ningún momento nos han presentado ningún plano ni información de lo que quieren poner en las tierras que ahora amenazan con expropiarnos” dice la carta.
Por tanto, argumentan, no es posible que Fonatur pretenda realizar un trámite apresurado involucrando sólo a una parte de la población, reduciendo las decisiones a las asambleas ejidales, pues estas no incluyen a toda la población maya y maya-hablante, a usufructuarios y avecindados de Kimbilá; es decir, a la población en general.
“Por esto, pedimos que se abra la discusión a la totalidad del pueblo de Kimbilá y sus distintas agrupaciones que se encuentran al interior del pueblo” añadieron.
Los inconformes se oponen a la realización de la asamblea ejidal ya que está en marchar un periodo electoral y existen también restricciones propias de la pandemia COVID-19.
También cuestionario la actuación de la Procuraduría Agraria que ha sido omisa ante la necesidad de actualización y organización interna del ejido, como lo fuera el padrón ejidal.
“Este posicionamiento no es de aprobación o de rechazo al Tren Maya no se conoce completamente, con sus beneficios y perjuicios. El rechazo y el extrañamiento se dirige a las formas y procedimientos por los cuales se está llevando a cabo dicho proyecto.
“La población de Kimbilá no se encuentra informada sobre el proyecto en general del Tren Maya ni sobre el caso específico de la construcción y demás proyectos que Fonatur y otras instancias pretenden realizar” concluye el escrito.
