En seis meses, una residencia fue edificada en un lugar legalmente prohibido, a un costado de la muralla del Parque Nacional Tulum (PNT), declarado como Área Natural Protegida (ANP), cuyo decreto, de carácter expropiatorio, impide construir dentro del polígono de 664.32 hectáreas, desde 1981.
Otro decreto presidencial del 8 de diciembre de 1993, declara el sitio como Zona de Monumentos Arqueológicos Tulum-Tankah, y aumenta la superficie de la poligonal a 692 hectáreas, emplazada sobre un acantilado junto al mar, que preserva numerosos vestigios, como el centro cívico ceremonial, rodeado y protegido por una muralla -única en su género- y un edificio piramidal mundialmente famoso, conocido como “El Castillo”.
La edificación de la casona, al pie de la costa y colindante con esa muralla arqueológica, violenta además un acuerdo de destino registrado el 15 de diciembre de 2007, a favor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que le confiere la administración de 184 mil 409 metros cuadrados de la zona federal marítimo terrestre, adyacentes al PNT, para efectos de protección y conservación ambiental, especialmente de la tortuga marina.
También contraviene las disposiciones de la Mega Reserva del Caribe Mexicano, Área Natural Protegida (ANP) decretada como tal, el siete de diciembre de 2016, invadiendo una subzona no apta para el desarrollo urbano, que está sujeta a protección y conservación de las playas en incluso de la zona rocosa intermareal, como ecosistema de “importancia alta” para la flora y la fauna nativas.
Por todo lo anterior, la construcción de la residencia -identificada por la Conanp como “Casa km 8”- fue denunciada por la Dirección del Parque Nacional Tulum, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), desde noviembre del 2019, sin éxito, puesto que las obras prosiguieron, hasta concluirse.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Fernando Orozco Ojeda, director del PNT, relató que hace unas semanas, al retornar a la zona los guardaparques se percataron de que la mansión estaba terminada y custodiada por gente armada.
“Nosotros lo denunciamos a la Profepa cuando estaban en obra negra y dimos vista a la FGR, que tiene oficinas en Playa del Carmen; recientemente volvimos a la zona, que es de difícil acceso y ¡oh, sorpresa! la casa está terminada”, dijo.
El tema forma parte de 27 denuncias acumuladas desde hace cinco años, interpuestas por la Conanp ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la construcción ilegal dentro del polígono, dentro del cual no deberían existir propiedades privadas, pues la superficie fue expropiada por la federación mediante decreto presidencial del 23 y el 30 de abril de 1981, vigente, que lo declara Parque Nacional, la categoría de mayor protección para un área natural protegida.
Entre los hoteles previamente denunciados se encuentran: Hotel Acuario, Poc Na, Kai, Kore Tulum; el Club de Playa Santa Fe, el Boa Beach Tulum; el restaurante bar y camping, Revolución Pancho Villa; la Casa Miramar, antes Mayan Grill o Nachos Grill; el hotel Playa Paraiso, el Dreams Tulum, el Playa Esperanza, el Club Villa Pescadores, el Mezzanine; el hotel boutique-restaurante y spa Mi Amor; una casa privada y dos inmuebles más a nombre de particulares.
Todos, tienen algún documento bajo el cual se amparan: Alguna anuencia de uso del suelo, alguna licencia de construcción municipal y se les ha notificado que existen acuerdos de revocación, solicitados por la Conanp y la propia FGR.
La validez del decreto como Parque Nacional fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 12 de mayo de 2011, al resolver la controversia constitucional 72/ 2008, promovida por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en contra del ayuntamiento de Solidaridad.
Para el 28 de mayo de 2008, cuando se admitió aquella controversia, Tulum formaba parte del municipio de Solidaridad, cuyo gobierno, presidido por Carlos Joaquín González, había aprobado en sesión de Cabildo, la actualización de su Programa de Desarrollo Urbano (PDU), instrumento de planeación que pretendía densificar dentro de la poligonal del Parque Nacional y Zona de Monumentos Arqueológicos de Tulum, invadiendo competencias de la federación.
El pretexto era que, al haber hoteles construidos ahí, aunque ilegalmente, se necesitaban fijar límites y reglas urbanas, por lo que se pretendió incorporar el Área Natural al centro de población y permitir la construcción de umbrales que iban de 2 mil 900 hasta 5 mil cuartos.
Además el gobierno municipal hizo suyo el argumento de particulares, en cuanto a que el trazo del decreto estaba mal georreferenciado y una buena parte caía dentro del mar.
Entre 1990 y 2007 el gobierno de Quintana Roo había emitido 14 títulos de propiedad posteriores al decreto expropiatorio, que afectaba a 11 terrenos privados y a terrenos donados por la Secretaría de la Reforma Agraria, al estado.
Del 2000 al 2007 la Semarnat había expedido cuatro autorizaciones de impacto ambiental y dos ampliaciones, y se estimaba entonces, la operación de 800 cuartos de hotel y cabañas rústicas dentro de la poligonal. Hoy existen más de mil habitaciones.
En su sentencia del 2011, la Corte desechó los argumentos del municipio. Dejó sin efecto el PDU dentro del Parque Nacional; validó los alcances del decreto y la correcta ubicación del polígono; y señaló que, si bien existen hoteles en su superficie, no poseen un título legal idóneo; que los poseedores no tienen derecho alguno ahí, “por tratarse de bienes nacionales, inembargables e imprescriptibles”, y por tanto, “dicha ocupación ilegal no puede generar derechos adquiridos a favor de sus ocupantes”.
También determinó que “deberá ser la federación” la que resuelva la situación de las construcciones y los asentamientos humanos, haciendo una revisión conforme a derecho de la propiedad y edificaciones, aplicando los criterios del decreto y la ley correspondiente.
En ese entendido, Orozco Ojeda afirma que existió un reconocimiento del pleno del máximo tribunal del país, en torno a que desde 1981 el único propietario y poseedor legítimo del Parque Nacional Tulum es la federación y, por tratarse de un bien de dominio público de la Nación, es “inalienable e imprescriptible”, es decir, los particulares no pueden adquirir válidamente derechos sobre él.
El problema es que, pese a los decretos, a la sentencia, al acuerdo de destino y a otras restricciones, la construcción de inmuebles dentro del Parque, persiste, y las autoridades municipales siguen expidiendo permisos.
Aunque los inmuebles han sido clausurados por la Profepa, los propietarios violentan las medidas cautelares y luego cambian los nombres comerciales de los hoteles, aumentando la confusión y el desorden que prevalece en el polígono. La Procuraduría no se vuelve a aparecer y la reincidencia queda igualmente impune.
De acuerdo con el funcionario, el propietario de la residencia -un hombre identificado como Rogeiro Dos Santos- afirma tener “todos los permisos en regla”, lo cual constituiría otra ilegalidad, debido a que ninguna autoridad debió expedirlos.
A petición de la Conanp, la actual administración municipal de Tulum, presidida por el alcalde Víctor Mass Tah, canceló varias licencias de construcción, expedidas para obras dentro del Parque, informó Orozco Ojeda, quien indicó que es el propio ayuntamiento el que violenta los decretos presidenciales y la sentencia de la SCJN.
El 27 mayo del 2019, el entonces director general de Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático, Gustavo Maldonado, envió a Orozco, una relación de las licencias que fueron emitidas por el ayuntamiento, las cuales fueron posteriormente revocadas, lo que dio pie a un juicio promovido por los particulares.
El 10 de marzo pasado, Maldonado fue sustituido en el cargo por Jorge Portilla Manica, empresario con un evidente conflicto de interés en el tema, porque su familia es dueña de al menos un hotel dentro de la poligonal y cuenta con un promedio de 20 terrenos en ese municipio, de acuerdo con su declaración patrimonial.
El director del Parque narró que, a fin de meter freno al desorden y la ilegalidad, el 13 de septiembre pidieron a la Secretaría de Gobierno del estado, emitir un oficio de alerta a las y los notarios de Quintana Roo, con la finalidad de evitar que den fe de actos de titulación de la propiedad, dentro del Parque Nacional.
El titular de la dependencia, Arturo Contreras Castillo, expidió el oficio correspondiente el tres de octubre, dando a conocer los alcances de la sentencia de la SCJN.
Fuente: El Universal
