Integrantes del colectivo Asamblea Maya Múuch Xiimbal, quienes representan a comunidades indígenas afectadas por el Tren Maya en la Península de Yucatán , declararon que el actuar del Poder Judicial no es el correcto, puesto que no defiende sus legítimos derechos.
Mediante un encuentro virtual, los afectados señalaron que los jueces no están emitiendo ningunas ordenes de suspensión de obras, por lo cual el proyecto turístico sigue avanzando sin ningún problema.
«Se simula la aceptación de las denuncias, pero no se emite ninguna orden para detener los trabajos» afirmó Noemí Martínez, integrante del colectivo.
Martínez también aseguró que Fonatur le dió 55 millones de pesos a ONU-Habitat para el despojo de las comunidades de sus tierras.
El colectivo también enfatizó en el grave e irreversible daño que el proyecto causará al medio ambiente, recursos naturales y tranquilidad de las comunidades.
