La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY) expresó su preocupación por la vinculación a proceso de Cecilio Cisneros, Guillermo Yam y Sergio Oceransky, relacionados con el conflicto territorial en Ixil.
En su posicionamiento, la Comisión señaló que las personas defensoras del territorio, comunidades organizadas y activistas deben contar con garantías para ejercer su labor “de manera libre y segura”, sin intimidaciones ni represalias.
Además, advirtió sobre posibles procesos de criminalización de la protesta social y de la defensa comunitaria del territorio, especialmente en contextos vinculados a intereses económicos y conflictos ambientales.
La CODHEY también recordó que organismos internacionales han advertido que los procesos judiciales no deben utilizarse como mecanismos de intimidación contra personas defensoras de derechos humanos.
