Panamá, Panamá, 2 de agosto de 2017.– Un tribunal de apelaciones de Panamá aceptó hoy los nuevos cargos por los que México solicita al exgobernador Roberto Borge, con lo que dejó el futuro de su extradición en manos de la Cancillería panameña y tiene 60 días para dar una respuesta.
El Tribunal de Apelaciones de Panamá ordenó formal arresto al exgobernador de Quintana Roo, por órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, hasta su extradición a México.
Se determinó la tarde de este miércoles que sea el Ministerio de Relaciones exteriores de ese país el que «decida si concede o no» la extradición del político mexicano Roberto Borge Angulo, quien es requerido por diversos delitos en México.
La cancillería panameña tiene un plazo de 60 días para pronunciarse si concede esta extradición o no del exgobernador de Quintana Roo.
La resolución se tomó en una audiencia que se desarrolló de las 16:30 horas a las 17: 23 horas.
El juez Mauricio Marín, que junto a otros dos magistrados validó el arresto del exgobernador de Quintana Roo en Panamá y aceptó la ampliación de la acusación en su contra hecha por México, indicó en el segundo día de la audiencia que México fundamentó debidamente la detención de Borge por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de funciones públicas y peculado, que ahora se añaden al pedido original de extradición.
El juez Marín negó medidas cautelares que beneficiaran a Borge bajo el argumento de que sus ingresos mensuales (unos 16,000 dólares mensuales) y su falta de arraigo en Panamá son prueba de una alta peligrosidad.
La defensa del que fuera gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016 pidió el martes en la audiencia una medida cautelar distinta a la detención preventiva que mantiene a Borge recluido en la cárcel El Renacer, a orillas del canal de Panamá.
Borge fue detenido la noche del 4 de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá, requerido por las autoridades de su país por presunto lavado de dinero.
