Al presentar sus resultado de la encuesta “3de3 contra la violencia de género desde la denuncia”, la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), se informo que el 97.09 por ciento de la población encuestada dijo que debe ser un requisito que una o un aspirante a un cargo público en Yucatán no debe tener antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento, sanción o sentencia como agresores de violencia familiar, delitos sexuales o delitos de violencia cometidos contra una mujer.
AMISY, tiene objetivo de determinar la percepción de la población yucateca sobre la credibilidad, ética y valores que debe tener un servidor público al ser candidato o funcionario.
De acuerdo con el periódico la Verdad Yucatán, la maestra Rosalía López Castro, una de las impulsoras de este documento, indicó que el 98.84 por ciento de la población encuesta, de un total de 300 participantes, consideró que una servidora o servidor público, se debe conducir con transparencia, responsabilidad, ética y verdad, para el buen desempeño de las actividades que se les ha asignado.
Asimismo, indicó que el 98.84 por ciento de la población encuestada consideró que una o un aspirante a un cargo público en cualquiera de los tres poderes de Gobierno no debe tener antecedentes como deudor alimentario morosos y/o como agresor del delito de incumplimiento y sólo el 1.16 por ciento consideró que puede ser deudor y funcionario.
López Castro también indicó que el 98.84 por ciento de los encuestados consideró que es necesario reformar las leyes y reglamentos para elegir y sancionar a las y los servidores públicos del Estado de Yucatán, sin embargo, sólo el 68.60 por ciento de los encuestados dijo conocer la iniciativa ciudadana “3de3 contra la violencia de género”.
Cabe destacar que AMISY también le pidió a los encuestados calificar la conducta de las y los servidores públicos de Yucatán y al menos 36 personas dijeron que la conducta era deficiente. “Si tienen una conducta de falta de empatía y profesionalismo, 25 veces”, comentó la activista en una rueda de prensa que se realizó a distancia.
Cabe destacar que 39 veces se repitió que las y los servidores públicos tenían una conducta doble moral; 20 veces que eran misóginos e injustos; en 32 ocasiones fueron incongruentes; en 25 ocasiones dijeron que no tenían empatía ciudadana, mientras que en 21 casos los encuestados dijeron que n tenían perspectiva de género.
Asimismo, dijo que concuerdan que en la necesidad de cambiar leyes, reglamentos y procesos que impidan que cualquier persona que cuente con investigación, ya sea que esté concluida o que esté en proceso por una denuncia por violencia en cualquiera de sus manifestaciones o sea deudor alimentario, no debe ni debe ocupar un cargo público.
Finalmente, la académica agregó que todo lo anterior fundamenta en lo esencial, la iniciativa ciudadana 3de3 contra la violencia de género desde la denuncia que se entregó el 25 de noviembre en el Congreso del Estado de Yucatán por parte de las integrantes de la AMISY.
Fuente y foto: La Verdad Yucatán
