Ante la aprobación la semana pasada por parte del Congreso del Estado de Yucatán, de un decreto de modificación de diversas leyes contra la obesidad infantil que se aplicarán en escuelas privadas y públicas de niveles preescolar y primaria del Estado, entre las que se encuentra la prohibición de alimentos comúnmente conocidos como alimentos chatarra, un colectivo ciudadano y organizaciones civiles que conforman una alianza por el tema de la sana alimentación, se han posicionado manifestando que al no contemplar a las escuelas de los niveles escolares de secundaria y preparatoria, esta ley no protegerá la salud de los adolescentes de 12 a 18 años de edad, pues en las escuelas de estos niveles se podrán seguir vendiendo libremente bebidas y alimentos chatarra con las respectivas consecuencias a corto y largo plazo a la salud que conlleva su consumo.
De acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018-19, nuestro país ocupa el primer lugar mundial en sobrepeso y obesidad en población infantil y adolescente y a nivel nacional la presencia de sobrepeso y obesidad se encuentra entre 35 y 40% en los niños y adolescentes respectivamente, lo anterior deja claro que la obesidad aumenta con la edad y afecta en mayor proporción a los adolescentes que a los niños.
Es importante señalar que, desde hace varios años, de acuerdo con diversas Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición, Yucatán se encuentra en los primeros lugares de obesidad en niños y adolescentes a nivel nacional. De igual manera en estas encuestas se señala que entre las y los adolescentes de la región sur del país, que incluye a la juventud yucateca, el consumo de bebidas endulzadas se encuentra por arriba incluso del consumo de agua y el consumo de botanas, dulces y postres está por encima del consumo de alimentos recomendables como frutas, verduras y leguminosas.
Por lo anterior, ciudadanía y organizaciones civiles piden que se respeten los derechos a la salud y a una alimentación sana adecuada, nutritiva y de calidad en el caso de los adolescentes y se incluya en esta ley a los planteles escolares de nivel secundaria y preparatoria.
Es importante destacar que esta ley ha sido bastante disputada y a lo largo de su proceso se han hecho escuchar voces, en ocasiones opuestas, de distintos representantes de las industrias, académicos y organizaciones civiles. Ante la presión de el sector empresarial los legisladores han expresado que incluir a los adolescentes en esta ley puede ser “anticonstitucional” y las organizaciones civiles señalan que los mismos derechos que amparan la salud de los niños menores de 12 años, también lo hacen a los jóvenes hasta los 18 años de edad por lo que si la ley se puede aplicar en preescolar y primaria no hay ley que contravenga o haga inconstitucional aplicarla en Secundaria y Preparatoria.
