Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de Chihuahua y Yucatán pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que realice todas las gestiones necesarias para garantizar el matrimonio igualitario en ambas entidades.
En cartas entregadas en las oficinas de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación, llaman al Ejecutivo federal que inicie ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de los Congresos de Chihuahua y Yucatán por negarse a reformar los artículos que impiden el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
La solicitud del Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS) AC, con sede en Chihuahua, y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE) AC, de Yucatán, con asesoría de México Igualitario, está fundamentada en el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dicho documento establece que los Estados federales, como México, tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias para lograr que todas las entidades garanticen el reconocimiento y respeto de todos los derechos humanos.
En el marco del 17 de mayo, Día Mundial en Contra de la Lesbofobia, Homofobia, Bifobia y Transfobia, las ONGs presentan esta estrategia para lograr que el matrimonio igualitario sea una realidad en todos los estados del país que, a pesar de la jurisprudencia de 2015 emitida por la SCJN, aún no han reformado sus legislaciones.
Las organizaciones señalaron que “ante el panorama tan hostil que se está viviendo en los estados, esperamos que tanto la Presidencia, como la Secretaría de Gobernación, atiendan la solicitud y muestren con acciones concretas su intención de garantizar y respetar los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT)”.
De acuerdo con México Igualitario, organización que desde 2009 impulsa la estrategia judicial para lograr el acceso del matrimonio a parejas del mismo sexo en todo el país, hay 11 entidades con reforma o cuyas legislaciones en su definición de matrimonio no eran discriminatorias: Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y San Luis Potosí.
Asimismo, los estados de Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Puebla no han reformado sus leyes, pero permiten el matrimonio igualitario por una acción de inconstitucionalidad.
Mientras, las entidades de Zacatecas, Chihuahua y Baja California, de acuerdo con México Igualitario, no han reformado sus legislaciones, pero permiten el acceso por un acuerdo administrativo.
