Mérida, Yucatán, 25 de marzo de 2019.- El Congreso de Yucatán se convirtió este lunes en un espacio para demandar, advertir y proponer ideas para erradicar la violencia contra la mujer, incluso en la vía digital, al realizarse la mesa de trabajo sobre Presupuesto y Transversalidad en la comisión de Igualdad de Género y el foro “Lo virtual es real, una mirada a la violencia digital”.
En la comisión permanente se reunieron, con los diputados integrantes, mujeres activistas de organizaciones civiles, representantes del Poder Judicial y de autoridades locales, en la cual se abordaron temas como el feminicidio, la violencia institucional, garantizar el derecho a la salud de mujeres agredidas, aborto y matrimonio igualitario.
La activista Teresita Campos Ancona pidió que se actúe para hacer cumplir la norma 046, que tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos.
La investigadora de la UADY, Ligia Vera Gamboa, reiteró que muchas mujeres no denuncian por violaciones sexuales que las lleva a tener un embarazo forzado, por lo que para revertir esta situación es necesario estar pendientes de que la norma antes mencionada se cumpla a cabalidad.
La directora del Instituto de la Mujer en el Ayuntamiento de Mérida, Fabiola García Magaña, agregó que cumpliendo el mecanismo o el protocolo de autorizar a un hospital público brindar los servicios de salud a cualquier mujer violentada, puede ser de mucha ayuda para alentar la cultura de la denuncia.
En su turno, la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán, Adelaida Salas Salazar, solicitó que el delito de Feminicidio se sancione con hasta 80 años de prisión y se tipifique la tentativa de este crimen, al igual que se duplique la penalidad del abuso sexual a niñas, niños y personas de la tercera edad.
Nancy Walker Olvera, de la asociación civil “Kookay”, indicó que se debe hacer normas con lenguaje con perspectiva de género, al igual que instó a los diputados a trabajar sobre el Matrimonio Igualitario.
En respuesta, Karla Franco Blanco (PRI), recordó que la semana pasada, la LXII Legislatura aprobó un dictamen para el lenguaje inclusivo en todo el marco jurídico de los tres órganos de gobierno, por lo que ahora los legisladores entrarán en una fase de actualización para las leyes secundarias.
Sobre el matrimonio igualitario, la diputada mencionó que pronto comenzará su proceso legislativo en la comisión que preside, Puntos Constitucionales y Gobernación, escuchando a las partes que han solicitado su participación en este tema, como parte del protocolo de Parlamento Abierto; para lo cual, la activista Campos Ancona dijo que para este caso, no se deben hacer consultas públicas.
Para aclarar el asunto, la presidenta de la comisión, Milagros Romero Bastarrachea (MC) recalcó que no todo ejercicio parlamentario es consulta, sino es una práctica para escuchar las opiniones de los ciudadanos, pero la decisión, con base a los comentarios, es por parte de los diputados, a través de un dictamen.
Violencia Digital
Minutos después, se llevó a cabo la plática denominada “Violencia Digital. Problema con Perspectiva de Género”, impartida por Olimpia Melo Cruz, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, dentro del foro organizado por la legisladora, Paulina Viana Gómez (PAN), con la presencia de diputados de diferentes fracciones y público invitado.
Viana Gómez, resaltó que el objetivo del taller es brindar herramientas para fortalecer el marco jurídico en la materia y para crear políticas públicas ante los usos desmedidos o mal intencionados en los medios digitales.
Rosa Díaz Lizama (PAN), recalcó que el enfoque es cómo detectar y combatir este tipo de delitos pero también como hacer buen uso de las redes sociales, además ayudará afianzar el compromiso de la LXII Legislatura con los yucatecos, al igual que ser un instrumento para reforzar las medidas preventivas en el área.
La ponente, informó que la población más vulnerable a estos delitos digitales son mujeres entre 18 a 30 años de edad, porque representan el 87.2% de las víctimas totales, además de que manifestó que no se debe considerar pornovenganza sino violencia sexual, porque no es parte de una industria ni tampoco es en respuesta a una falta cometida por la persona agredida.
De la misma manera, Olimpia Melo detalló que la exposición de imágenes privadas del físico de un hombre o una mujer, no siempre proviene con el consentimiento de alguna de las partes, incluso puede ser con fotos y/o vídeo de la persona que camina en la calle, sentada en una plaza o en cualquier otra actividad.
