Coahuila, a 14 de junio de 2017.– El ex candidato a la gubernatura de Coahuila por la alianza que encabezó el Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Anaya Llamas, presentó ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) la solicitud para el juicio de nulidad de la elección para la gubernatura de la entidad y en el que junto con el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya y los otros ex candidatos, entregaron el documento en el que señala las presuntas irregularidades en las elecciones del 4 de junio.
Gastos de campaña
El candidato del blanquiazul destacó que uno de los principales agravios es el exceso en los gastos de campaña del candidato priísta, Miguel Ángel Riquelme Solís, que ascendió a 89 millones de pesos.
Como pruebas entregaron 5 cajas con más de mil hojas en las que se demuestran 14 agravios cometidos en la pasada elección, al Director de la Unidad Técnica de Gestión Documental del IEC, Mauricio Mantilla Aguirre, asegurando que son pruebas suficientes para que se anule la elección.
«Cada uno de estos agravios hoy los documentamos (…) tenemos la razón, tenemos el derecho a nuestro favor y seguiremos convocando a estas marchas pacíficas por todo el estado», expuso.
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Javier Guerrero indicó que de manera individual presentó una solicitud también para la nulidad de la elección en su calidad de candidato independiente, sumándose a la estrategia de lucha jurídica para complementar la hecha por Acción Nacional. Detalló que en su expediente están documentados cerca de 300 agravios que principalmente tratan sobre la injerencia del Gobierno del Estado, la omisión, descuido, indolencia y en algunos casos la complicidad del INE y del IEC en el proceso electoral.
Luego de la entrega de la documentación el ‘Frente por la Dignidad de Coahuila’ dirigió un mensaje a la casi 3 mil personas que acudieron a dar su apoyo, en el que reiteraron que la lucha jurídica llegará hasta las últimas instancias de ser necesario.
«La intromisión grosera del Gobernador del Estado a través de gasto público, de entrega de benéficos de programas sociales y pago de publicidad a medios de comunicación en el estado».
