Lo que comenzó con zanjas abiertas en una colonia de Mérida terminó en una victoria judicial para decenas de familias.
Habitantes de San Damián lograron, tras cinco años de litigio y con el acompañamiento de Kanan Derechos Humanos, que un Tribunal Colegiado ratificara sentencias que impiden la operación de un gasoducto impulsado por la empresa Tractebel GNP, al determinar que el proyecto avanzó sin una consulta adecuada a la comunidad.
De acuerdo con los vecinos, las obras iniciaron desde 2021 y durante meses desconocieron qué se estaba construyendo cerca de sus viviendas. La inconformidad derivó en amparos y una batalla legal que se extendió por varios años.
Ahora, la resolución obliga a mantener suspendida la instalación del ducto y establece que deberá existir diálogo y consulta con la comunidad antes de cualquier intento de reactivar el proyecto.
Para los habitantes, el fallo representa una victoria ciudadana; para especialistas, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta cada vez más frecuente:
¿Hasta dónde pueden avanzar los grandes proyectos sin escuchar primero a las comunidades?
