Un memorando confidencial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechado el 23 de diciembre de 2025, concluyó que el presidente estadounidense contaba con base jurídica suficiente para autorizar una operación militar limitada destinada a capturar al líder venezolano Nicolás Maduro y trasladarlo a EE. UU. para su procesamiento, sin que ello violara la Constitución ni el derecho internacional, siempre que se cumplieran ciertos criterios.
El análisis, elaborado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) antes de la captura de Maduro el 3 de enero, sostuvo que este tipo de operación podía considerarse apoyo a la aplicación de la ley y no una campaña bélica, por lo que no requeriría aprobación previa del Congreso y no superaría el umbral constitucional de guerra.
El documento también explica que la intervención debía limitarse al objetivo de capturar a Maduro, evitando ocupaciones prolongadas de territorio extranjero, y se fundamentó en la peligrosidad atribuida al dirigente venezolano por acusaciones de narcotráfico y vínculos con grupos armados.
Sin embargo, el memorando advierte sobre riesgos políticos y diplomáticos, incluyendo la posible desestabilización regional y reacciones de aliados internacionales de Venezuela, aunque su evaluación se centró únicamente en los aspectos legales de la operación.
