Comunidades mayas de Yucatán y la Fundación Yansa denunciaron el incumplimiento de órdenes judiciales y clausuras por parte de diversas empresas, así como la falta de actuación de autoridades federales.
Entre los casos destacados:
• El Consejo Comunitario de Kinchil obtuvo suspensión provisional contra INAH, PROFEPA, el municipio y la empresa Crío, tras la devastación del sitio arqueológico Tzemé. Señalan que la empresa busca mover sus obras hacia otra zona con cenote y vestigios.
• En Ixil, habitantes lograron una suspensión judicial para obligar a PROFEPA a reabrir la investigación contra el desarrollo Cedrón, que devastó selva sin permisos. Denuncian nuevas detonaciones pese a la clausura.
• Sobre el megaproyecto Ciudad Maderas, comunidades reportan siete semanas de incumplimiento de la suspensión definitiva ordenada por un juez federal, sin clausura por parte de PROFEPA.
• Representantes comunitarios denunciaron difamación, hostigamiento y criminalización contra defensores del territorio, así como amenazas relacionadas con su labor.
• En Kinchil, ejidatarios confrontaron a un abogado señalado de cobros indebidos y manejo irregular de documentosrelacionados con tierras de uso común.
Las comunidades solicitaron la destitución de los titulares de PROFEPA e INAH en Yucatán, y pidieron garantías para la protección del patrimonio ambiental, cultural y de los defensores del territorio.
