CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MAYO DE 2017.– La empresa OHL México ni sus subsidiarias instrumentaron pagos irregulares, “confirmándose la inexistencia de conductas irregulares o ilícitas por parte de la empresa que representa”, porque negaron el financiamiento a campañas políticas o acciones que pudieran afectar las concesiones públicas en las que participa, en respuesta a una solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La filial mexicana de OHL dirigida por Sergio Hidalgo Monroy Portillo refirió que los pasados 4 y 10 de mayo, la SCT le solicitó que precisara “la inexistencia de conductas irregulares o ilícitas” así como el envío de información que desacreditara “presuntas actuaciones que podrían afectar los activos carreteros y contratos de obra pública en los que ha invertido la empresa”.
Asimismo, en un comunicado difundido por la SCT, la empresa respondió que “no existen transferencias de recursos de carácter ilícito, ni acciones que pudieran afectar las concesiones públicas en las que la empresa participa”, como tampoco “OHLMEX ha transferido recurso alguno para financiar campañas políticas”.
La empresa señaló que los órganos societarios de OHL México, “en estricto cumplimiento de su deber de diligencia”, efectuaron una investigación en torno a actos relacionados con presuntas imputaciones que las autoridades de España han realizado al respecto.
Es más, Monroy Portillo afirma en su oficio que la respuesta a la SCT “es consistente con los dictámenes a los estados financieros de Ohlmex elaborados por sus auditores externos, mismos que son de conocimiento público”.
Además, subrayó que su respuesta “es congruente” con lo informado por la empresa como “Evento Relevante” a la Bolsa Mexicana de Valores de conformidad con las regulaciones en la materia.
En marzo de 2016, la CNBV multó a OHL México con 71.1 millones de pesos por inconsistencias en sus prácticas contables. No obstante, el organismo aclaró que OHL “no cometió dolo o fraude”.
En junio del mismo año, Paulo Diez Gargari, asesor jurídico de Infraiber, denunció que a través del Acuerdo 01/2011, firmado el 25 de mayo de 2011 entre el gobierno del Estado de México y la concesionaria del Viaducto Bicentenario, se autorizó “indebidamente” un incremento extraordinario de 25% real a las tarifas de la segunda obra más importante de la empresa OHL y que pudo haberse desviado también a las campañas electorales estatales de 2011 y a la federal de Enrique Peña Nieto en 2012.
OHL ha estado envuelto en escándalos por corrupción durante meses a raíz de una serie de audios filtrados en los que se infiere que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y el presidente global de la constructora española OHL, Juan Miguel Villar Mir, se habrían puesto de acuerdo para celebrar un contrato amañado.
