MÉRIDA, YUCATÁN, A 27 DE ABRIL DE 2017.– De acuerdo con la Articulación de Energía Sustentable de Yucatán, un colectivo conformado por miembros de la sociedad civil, comunidades locales, pueblos mayas, organizaciones sociales, así como académicos, estudiantes, consultores legales y ambientales de Yucatán, señalan que este conjunto de megaproyectos de energía renovable representa varias amenazas a nivel regional en el ámbito socioambiental debido a los vacíos legales existentes en los procesos, pero también a la magnitud y al número de los proyectos a instalarse, poniendo en riesgo el desarrollo sostenible de la península.
Entre 2012 y 2015, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó la instalación en Yucatán de seis parques eólicos y cinco parques fotovoltáicos solares.
En marzo de 2016, durante su Primera Subasta de Largo Plazo, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) añadió autorizaciones para más proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran escala para el estado.
Explicaron que hay un total de más de 8,700 hectáreas del territorio estatal que serán ocupadas por estos parques en varios municipios como Dzilam de Bravo, Motul, Suma, Sinanché, Yobaín, Telchac Pueblo, Tizimín, Muna, Sacalum, Ticul, Peto, Valladolid, Sucilá, Progreso y Cansahcab.
Los impactos incluyen un cambio de uso de suelo, con la consiguiente fragmentación del paisaje y posibles perturbaciones a la flora y fauna, mientras que en el plano social, los territorios comunales o ejidales se verán afectados, incidiendo en el tejido social de las comunidades rurales.
