GUATEMALA, GUATEMALA, A 18 DE ABRIL DE 2017.– El ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Francisco Rivas, confirmó que hasta el momento hay información sobre personas individuales y jurídicas que pudieron haber apoyado a Javier Duarte para mantenerse prófugo de la justicia mexicana en el territorio nacional.
En una conferencia de prensa tras la reunión semanal del Gabinete de Gobierno, Rivas recordó que el trabajo para dar con el paradero del político mexicano, prófugo de la Justicia de su país durante unos 6 meses, empezó con un intercambio de información a través de los servicios de inteligencia de los dos países.
De ahí se inició una investigación con allanamientos y seguimientos para encontrar a Duarte, que solía estar en el suroeste de Guatemala, concretamente en los departamentos de San Marcos y Rethaluleu.
El político mexicano está recluido en una cárcel que funciona en el Cuartel Militar Matamoros, en la capital guatemalteca, adonde fue trasladado el domingo pasado tras ser detenido la noche anterior en la recepción de un hotel del municipio turístico de Panajachel, en el departamento de Sololá.
Duarte, de 43 años y quien supuestamente estaba en Guatemala desde el pasado noviembre -cuando entró ilegalmente vía terrestre-, tenía una orden de captura con fines de extradición por su supuesta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mañana miércoles está previsto que se celebre una audiencia judicial con miras a la extradición a México del ex gobernador, que tenía una orden de captura desde el 14 de octubre de 2016 por un juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, y una alerta roja de la Interpol desde el 14 de noviembre.
El ex gobernador, que supuestamente también recibió ayuda de algunas aerolíneas para sus traslados dentro de Guatemala, está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar «prestanombres» para transferir recursos públicos.
