MÉRIDA, YUCATÁN A 7 DE MARZO DE 2017.– Aunque a los propietarios de los Leones, Juan José y Erick Arellano Hernández no les han comprobado que lavan dinero, sus cuentas no han sido descongeladas y enfrentan problemas de liquidez. Ante este hecho, ninguno de sus patrocinadores puede entregarles recursos y están teniendo dificultades para realizar la pretemporada de los equipos Leones de Yucatán y Vaqueros de la Laguna.
Los bloqueos los realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo a una nota de Proceso, a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la CNBV congeló las cuentas de las empresas de Juan José y Erick Arellano Hernández. El primer bloqueo de cuentas ocurrió en 2015 y el segundo en 2016.
La UIF, instancia encargada de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, intervino las empresas de los Arellano para realizar una investigación por lavado de dinero.
Apro tuvo acceso a un documento que recibió la UIF. Su titular, Alberto Bazbaz Sacal, contrató a un despacho internacional de auditores para que revisara el manejo y operación de las empresas que conforman Grupo ArHe de los Arellano Hernández, la mayoría de las cuales están en Mazatlán, de donde son originarios.
La temporada 2017 está programada para arrancar el próximo 31 de marzo.
El abogado que está asistiendo a los hermanos Arellano Hernández es el penalista Juan Velásquez, quien ha defendido a políticos como Carlos y Raúl Salinas de Gortari.
Los hermanos Juan José y Erick Arellano compraron en 2014 Leones de Yucatán.
En una entrevista para Proceso en abril de 2015, aseguraron que adquirieron el club debido a su gusto por el beisbol. “No es negocio”, dijeron, porque los gastos de operación son muy elevados.
Los hermanos lograron que el club recupere su protagonismo y han reforzado la cantera. Remodelaron el parque Kukulcán.
Juan José Arellano dijo a esta reportera que durante más de seis meses estuvieron bajo la lupa de la LMB, que fiscalizó sus estados de cuenta bancarios, sus finanzas personales, las de Grupo ArHe –que incluye gasolineras, la arrendadora de autos Álamo, constructoras, productoras de concreto y una fábrica de uniformes deportivos, entre muchas otras compañías–, declaraciones de impuestos y una exhaustiva revisión de su solvencia moral y económica hasta que les abrieron la puerta (Proceso 2006).
