Los congresistas de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile deberán someterse aleatoriamente a test de consumo de drogas a través de un análisis de pelo a partir de este miércoles. La iniciativa impulsada por la derecha se aprobó el mes pasado por una amplia mayoría tras casi dos décadas de discusión.
El Frente Amplio de Gabriel Boric reconoce haberse visto “entre la espada y la pared”, ya que un rechazo al proyecto podría haberse interpretado como una postura antitransparencia.
El objetivo de la nueva normativa, desde el punto de vista de la derecha, es prevenir el consumo “indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas” y aumentar los estándares de transparencia en las labores parlamentarias, como evitar “la comisión de delitos del narcotráfico u otros relacionados a estos, y cualquier relación entre la Cámara y las redes del narcotráfico que existen en el país”.
El nombre de los parlamentarios que den positivo y no hayan declarado previamente su consumo por temas médicos se harán públicos y deberán autorizar el levantamiento de su secreto bancario.
“Si hay parlamentarios que consumen drogas es porque compran drogas, y si compran drogas, pueden ser extorsionados por quienes se las proveen”, dijo el diputado Juan Antonio Coloma, del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI) durante el intenso debate previo a la votación de la normativa.
En esa discusión, la diputada comunista Marisela Santibáñez aseguró que la práctica “vulnera el derecho a la vida privada y el principio de autonomía corporal”.
A través de una muestra de pelo, el gran delator para verificar el consumo de drogas, se examinará si los congresistas consumen alguna de estas cinco sustancias: cocaína, cannabis, benziodiacepinas, opiáceos o anfetaminas. Los controles se llevarán a cabo una vez por semestre, logrando que cada representante sea examinado dos veces en los cuatro años que dura su periodo.
El diputado Jaime Sáez del partido Revolución Democrática del Frente Amplio es uno de los 78 congresistas escogidos este miércoles por sorteo -de un total de 155- deberán acudir entre el 22 y el 30 de este mes al laboratorio de la Universidad de Chile para realizarse este test. “Previo al test, te hacen un cuestionario sobre si consumes alguna de las sustancias. De las cinco, solo la cocaína no tiene ningún tipo de justificación médica. Mi consumo de cannabis, por ejemplo, es recreativo bajo supervisión médica. En la medida que uno certifique el tratamiento, el resultado del test puede ser positivo, pero procedimentalmente es negativo y no se hará público el nombre”, explica.
Si el congresista no justifica el consumo previamente por temas médicos o terapéuticos y sale positivo, su nombre sí será de conocimiento público ya que no podrá ampararse en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes que protege la información del resultado. La nueva normativa establece que cada diputado debe dejar por escrito durante los primeros 15 días de su periodo legislativo que, de dar positivo en el control de drogas, autoriza el levantamiento del secreto bancario con el fin de transparentar sus fuentes de ingresos y gastos. Los parlamentarios en cuestión deberán justificar las transacciones que hayan realizado en un mismo mes superiores a 28.000 dólares.
Los resultados de quienes den positivo sin justificación se publicarán dentro de un plazo de 15 días posteriores a la toma del examen. Si alguno de los congresistas se niega a someterse al control será sancionado por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara. También serán remitidos a dicha comisión los casos de diputados que den positivo y que no puedan justificar una transacción superior a las 28.000 dólares, para que se le sancione con entre el 2% y el 15% de su dieta parlamentaria.”Espero que después de este show mediático luego venga un debate de fondo que nos permita regular el uso que se le da al cannabis en Chile. Aproximadamente cinco millones de chilenos consumimos. No somos adictos, ni enfermos mentales, ni delincuentes”, apunta el diputado Sáez por teléfono desde Puerto Montt.
El texto original de la ley incluía que “el diputado cuyo examen arroje un resultado positivo deberá inhabilitarse de todas las votaciones relacionadas con la prevención y control de consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica″ y que quienes se negaran injustificadamente a realizarse el control quedarían inhabilitados de cumplir sus funciones, dos puntos que se eliminaron en el periodo de indicaciones al proyecto.
Fuente y foto: El País / AFP
