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“Nos ahogamos”: alertan en Quintana Roo por presencia masiva de sargazo

Desde Quintana Roo, organizaciones ambientalistas y sociales, pescadores, hoteleros y empresarios lanzaron un S.O.S. ante la magnitud del sargazo que recala en playas del Caribe mexicano y los pocos resultados de la estrategia hasta ahora aplicada para solucionar la problemática y, por quinto año consecutivo, demandaron la elaboración de una Norma Oficial Mexicana (NOM) para el manejo integral de la macroalga.

La NOM permitirá regular todas las fases del manejo del sargazo y definir, de forma clara y vinculante, las responsabilidades de las diferentes autoridades con el objetivo de dar certidumbre jurídica a las acciones e inversiones económicas del sector público y privado, así como garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano, al trabajo y a la salud.

En una alerta dirigida a los tres órdenes de gobierno, reiteraron que los volúmenes de la macroalga que llegan a la región serán superiores a los registrados en 2018, año cúspide en el registro del recale masivo de sargazo, por lo cual, de no atenderse inmediatamente, el medio ambiente, la economía local y la salud humana corren grave peligro.

“La acumulación y descomposición de toneladas de sargazo en las playas ha contribuido a su erosión, lo que acaba con los pastos marinos y fauna, produciendo un deterioro en la calidad del agua costera que impacta gravemente a los arrecifes coralinos del Caribe Mexicano, parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM)”, alertaron.

Las consecuencias del mal manejo de sargazo traen daños a la salud humana, por la emisión de gases tóxicos, generados durante el proceso de descomposición en la playa o los tiraderos abiertos. Su mala disposición final, amenaza con contaminar elacuifero, fuente de abastecimiento del agua limpia en la región y el deterioro ambiental impacta directo en la economía local que depende del turismo.

Entre las 29 organizaciones y organismos firmantes se encuentran Voces Unidas por Puerto Morelos, Puerto Morelos Sustentable, Latitud 21, el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), Moce Yax Cuxtal, Salvemos Manglar Tajamar, Flora Fauna y Cultura de México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Grupo Tortugero del Caribe.

También, Ocean Solutions, Onca Maya, Opus Magnum de México, Protocolo Puerto Morelos, Proyecto Aak Mahahual, Red de Capacitadores Socio-Ambientales, Sociedad Cooperativa Turística Playa del Carmen, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres; la Asociación de Hoteles de Holbox y el Centro Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCE RM).

A nivel gubernamental, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, ha admitido el problema que implica lidiar con los volumenes de arribo de la macroalga, pero ha señalado entre los avances, la existencia de 11 sargaceras, mil 281 metros de barrera en el mar y la operación del buque Natans, para recoger el sargazo en altamar.

No obstante, explicó que las ondas tropicales de la semana pasada trajeron consigo vientos y marejadas que rompieron algunas barreras o las vencieron y afectaron la operación de las sargaceras.

Hasta el domingo pasado, dijo, se han recolectado 16 mil toneladas en la orilla de las playas y 700 toneladas dentro del mar.

En 2020 se recolectaron 19 mil 054 toneladas, de las cuales 18 mil 246 toneladas llegaron hasta las playas y se recogieron ahí, es decir, solo 808 se contuvieron en el mar.

Un año atrás la cifra recolectada fue de 85 mil 495 toneladas, de las cuales 84 mil 951 se recogieron en las playas y el resto en el mar.

En el texto se indica que, desde 2015, cuando el gran recale atípico de sargazo, se ha solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca), a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, al gobierno estatal, a los municipios costeros, a diputados y senadores, atender el problema e intervenir, sin que existan resultados efectivos.

“La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades ante este problema viola nuestro derecho a un medio ambiente sano, con mares, suelos y aire limpio. También viola el Derecho al Trabajo: Pescadores y prestadores de servicios turísticos se ven afectados por la imposibilidad de desempeñar sus actividades económicas.

“Y también se vulnera el Derecho a la Salud de todos los ciudadanos que habitan las comunidades cercanas a las playas afectadas”, se señaló.

Ante este escenario exigieron, nuevamente, coordinación entre las autoridades para definir las responsabilidades de cada orden de gobierno, para aplicar medidas urgentes y apropiadas para la contención, colecta y disposición del sargazo en todas las playas del estado y no solo las turísticas.

También, que se destinen anualmente recursos económicos suficientes a cada municipio para la instalación de barreras de contención de sargazo y se obtengan maquinaria marina y terrestre, y materiales destinados a remover y transportar el sargazo, además de contratar a personal suficiente para atender las playas.

Del gobierno estatal pidieron gestionar recursos para habilitar los sitios de disposición final adecuados en cada municipio para recibir el sargazo.

Para instalarlos deben contar previamente con autorización de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en terrenos asignados por la SEMA, para impedir la contaminación del acuífero, colocando geomembranas y lagunas de oxidación para los lixiviados, como se conoce al líquido del sargazo en descomposición.

Al Inapesca se solicita que gestione la inclusión del sargazo pelágico que llega al Caribe Mexicano en la Carta Nacional Pesquera, para que se pueda comercializar y que facilite trámites para recolectarlo en el mar.

Que se dote de incentivos fiscales a los hoteles que limpian el sargazo de sus playas y a las empresas que industrialicen la macroalga.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), le pidieron promover y financiar proyectos de investigación que permitan entender mejor el fenómeno y sus impactos ambientales, sociales y económicos.

A la Secretaría de Salud, que evalúe el riesgo a la salud humana, especialmente de comunidades pesqueras expuestas a los gases que emite el sargazo descompuesto.
Fuente: El Universal

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