Jesús Murillo Karam fue trasladado al Reclusorio Norte donde se llevará a cabo la audiencia inicial tras su detención, ocurrida este viernes.
Agentes de la FGR, acompañados con cuerpos de la Secretaría de Marina (Semar), realizaron su recorrido desde las instalaciones de la Fiscalía federal, en la colonia Tacubaya, hasta el penal preventivo varonil norte.
El exfuncionario durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue transportado en una camioneta color gris y escoltado por vehículos de las fuerzas armadas.
Su primera audiencia ante un juez mexicano está programada para las 09:00 h, donde se definirá si su detención procede conforme a derecho.
Murillo Karam, procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido cuando salía de su casa en las Lomas de Chapultepec, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.
En el operativo participó personal de la Secretaría de Marina-Armada de México.
El detenido colaboró con las autoridades sin oponer resistencia. Fue traslado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial.
El exfuncionario fue trasladado al Reclusorio Norte, pero su audiencia no se realizará este viernes.
Es el autor de “La verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El jueves, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Iguala concluyó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y posteriormente desaparecidos.
Las autoridades determinaron que el caso fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano“, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en una conferencia de prensa.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
