La ciudadanía de seis Estados de México acuden este domingo a las urnas para renovar el mandato de sus gobernadores en un proceso electoral polarizado y en el que Morena (partido del presidente Andrés Manuel López Obrador) y sus aliados quieren imponerse frente a los candidatos de la oposición. Las entidades que renovarán a sus Gobiernos son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La pobreza, el desempleo, la desigualdad, la violencia de género y el control del narco están entre los principales problemas que afectan a las zonas donde se llevarán a cabo los comicios el 5 de junio.
Las casillas ya han abierto, pero ya se reportan en Oaxaca robo y quema de boletas electorales, en Durango las autoridades detuvieron a un grupo de presuntos operadores políticos de Morena en posesión de listados y dinero en efectivo.
Por su parte, el Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE pide a partidos políticos y candidatos evitar anticipar ganadores de comicios; “ojalá estén a la altura de ese compromiso”.
Aguascalientes: cinco mujeres aspiran a la gobernatura
Uno de los Estados más pequeños de México —con poco menos de un millón de habitantes— se ha convertido en estas elecciones en un escenario en el que la oposición mide fuerzas —y alberga esperanzas— para derrotar a Morena, el movimiento político de López Obrador que aspira a ampliar su control en estas elecciones regionales. El Estado ya ha hecho historia en este proceso electoral al tener cinco candidatas que aspiran a ganar la gobernatura: Nora Ruvalcaba, candidata de Morena; Tere Jiménez, de la coalición compuesta por el PAN, PRD Y PRI; Anayeli Muñoz, del Movimiento Ciudadano; Martha Márquez, aspirante de la coalición que forman el PT y el PVEM; y Natzielly Rodríguez, de Fuerza por México.
Todas las aspirantes han centrado sus propuestas en el ámbito económico, dado que el Estado, a pesar de haber recibido una fuerte inversión en el área de la industria automotriz en años recientes, todavía cuenta con una tasa de desempleo del 4% y la informalidad laboral supera el 40%, según datos de la Secretaría de Economía. Los sectores que más peso tienen en la generación de empleos es el comercio al por menor, el sector servicios y la industria manufacturera, principalmente la automotriz, dada las fuertes inversiones de compañías de Estados Unidos y Japón, que cuentan con dos plantas de la compañía Nissan en el Estado. Las remesas siguen siendo uno de los principales motores económicos de Aguascalientes, que durante 2021 recibió casi 700 millones de dólares de ingresos por envíos de dinero del exterior, según datos del Banco de México.
La conservadora Jiménez, del PAN, que según las encuestas puede alzarse con el triunfo este domingo, ha centrado sus propuestas en crear un “Gobierno eficiente y digital” que facilite los procesos para la apertura de empresas y reduzca los trámites para la generación de inversión en el Estado. La candidata ha dicho que implementará nuevamente las instancias infantiles para mujeres trabajadoras, otorgará becas a estudiantes de menos recursos e instaurará apoyos para los productores agrícolas. Su principal contrincante, Nora Ruvalcaba, de Morena, ha atacado la corrupción de administraciones anteriores y afirma que el suyo es un “movimiento de regeneración”, que limpiará de corrupción a Aguascalientes, un discurso calcado al del presidente de la República que aplauden miles de seguidores. Sus propuestas se centran también en las mujeres, con la promesa de crear pensiones a madres solteras, financiamientos para emprendedoras y políticas públicas para combatir la violencia machista.
Durango: una competencia cerrada en un Estado asfixiado por la violencia
Una guerra sangrienta entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha convertido amplias regiones de Durango en rehenes del crimen organizado. Allí, las agrupaciones criminales le han arrebatado el control a las fuerzas de seguridad,
cuya presencia en la zona es testimonial. En octubre de 2020, en plena emergencia por la pandemia de covid-19, un grupo armado del CJNG emboscó y asesinó a seis policías estatales. Los pobladores de la Sierra Madre Occidental —que colinda con Sinaloa— se ven obligados a participar en la siembra de la amapola, en la economía de la extorsión o unirse a las bandas criminales de los carteles, so pena de muerte o desaparición de sus familiares. “No solo se vive una pandemia en salud, se vive también una epidemia de violencia: ajustes de cuentas de manera permanente, desaparición de personas, enfrentamientos con daños colaterales, secuestro y extorsión”, dijo en noviembre de 2020 Alejandro Tello, gobernador del Estado de Zacatecas.
Una guerra sangrienta entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha convertido amplias regiones de Durango en rehenes del crimen organizado. Allí, las agrupaciones criminales le han arrebatado el control a las fuerzas de seguridad, cuya presencia en la zona es testimonial. En octubre de 2020, en plena emergencia por la pandemia de covid-19, un grupo armado del CJNG emboscó y asesinó a seis policías estatales. Los pobladores de la Sierra Madre Occidental —que colinda con Sinaloa— se ven obligados a participar en la siembra de la amapola, en la economía de la extorsión o unirse a las bandas criminales de los carteles, so pena de muerte o desaparición de sus familiares. “No solo se vive una pandemia en salud, se vive también una epidemia de violencia: ajustes de cuentas de manera permanente, desaparición de personas, enfrentamientos con daños colaterales, secuestro y extorsión”, dijo en noviembre de 2020 Alejandro Tello, gobernador del Estado de Zacatecas.
En ese contexto de violencia, Durango —de casi dos millones de habitantes— elegirá el domingo a un nuevo gobernador, en una dura disputa que no cuenta hasta el momento con un claro favorito. Los aspirantes a gobernar el Estado son Marina Vitela, de la coalición Morena-PT-PVEM y RSP; Esteban Villegas, de la alianza PAN-PRI-PRD; y Patricia Flores, del Movimiento Ciudadano. Las encuestas han mostrado una competencia cerrada entre Villegas y Vitela, quien fue su compañera de partido cuando esta militó en el PRI.
Las propuestas principales de los candidatos se han centrado también en la economía, en un Estado que cuenta con una tasa de informalidad laboral que supera el 50%. El conservador Villegas ha dicho que hará una reestructuración de las fuerzas de seguridad, pero no ha explicado cómo lo hará ni qué otras medidas tomará para hacerle frente al crimen organizado. En una entrevista concedida a la revista Expansión, el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD afirmó que enfrentará la violencia de género, pero desde un punto de vista muy conservador. “El eje central de la mujer en el próximo Gobierno va a ser fundamental, porque si la mujer está bien, nuestros hijos están bien. Si la mujer está bien, la familia está bien y por eso vamos a ser todo un programa transversal para poder generarle a la mujer nuevas oportunidades económicas de empleo, por supuesto, de emprendedurismo. Y en el tema de la violencia contra la mujer, [porque] verdaderamente aquel que se atreva a tocar a una mujer en lo físico, en los psicólogo, va tener no solamente penas severas, se va a topar en pared con el Gobierno de Esteban Villegas”, apuntó el candidato.
Su contrincante, Vitela, tampoco ha centrado sus propuestas en la violencia que carcome al Estado. El eje de sus promesas de campaña se centra en el tema social, con el fortalecimiento a las instituciones que combaten la violencia contra las mujeres, apoyos a la juventud y el combate al consumo de drogas.
Julio Menchaca, candidato de la coalición de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (NA), pretende hacer historia en Hidalgo y desbancar del poder al PRI, partido que lleva 93 años gobernando un Estado sumido en la pobreza: las estadísticas del Coneval muestran que el 50,8% de sus poco más de tres millones de habitantes viven en pobreza, mientras que la tasa de informalidad laboral, según la Secretaría de Economía, es del 72%, una de las más altas de México.
La pobreza, la desigualdad y la falta de empleos formales que garanticen ingresos suficientes a los pobladores de este pequeño territorio central —el salario mensual promedio apenas supera los 4.000 pesos, unos 200 dólares— empujan a su población a la migración o a actividades ilegales como el huachicoleo, el robo de combustible. El Estado capturó la atención mundial en enero de 2019 cuando una explosión en una toma clandestina de combustible en el municipio de Tlahuelilpan dejó más de 80 muertos.
Hidalgo, además, acarrea una larga lista de males, que incluyen una severa escasez de agua, altos niveles de contaminación, suelos desérticos, carencia de tierras fértiles propicias para la agricultura, una dependencia casi total de la extracción de recursos sin sumar valor agregado y una infraestructura deficiente y atrasada, que empuja a mantener marginadas poblaciones enteras de la sierra y la región Huasteca. Menchaca ha prometido que si gana la gubernatura invertirá en la construcción de carreteras que permitan una mejor conexión del Estado con el resto de la República.
En la infraestructura también se centran las promesas de su contrincante Carolina Viggiano, candidata de la alianza PAN, PRI y PRD, quien pretende mantener en el poder al viejo partido mexicano. Viggiano ha dicho que invertirá parte de su mandato en la construcción del que ha llamado el Tren Tolteca, que conectaría a Hidalgo con Ciudad de México. La candidata ha dicho que creará un consejo público-privado para tomar las decisiones que permitan la construcción del tren. “Nosotros no vamos a derribar un solo árbol”, ha dicho, en referencia a la oleada de críticas e incluso órdenes judiciales contra la megaobra estrella de López Obrador en el Caribe, el Tren Maya. “Tenemos ya el derecho de vía desde hace 35 años; va a ser con inversión público-privada y por supuesto, tenemos ahí un corredor de haciendas y un corredor histórico”, ha afirmado.
Además de Menchaca y Viggiano, la gubernatura de Hidalgo será disputada este domingo por Francisco Xavier Berganza, del Movimiento Ciudadano y el candidato independiente JoséLuis Lima.
Oaxaca: una potencia dormida y asqueada de promesas incumplidas
Oaxaca es, sin duda, uno de los Estados de México que más fascinación despierta entre los turistas que visitan el país, por su historia, gastronomía de fama mundial, arte, ciudades y playas paradisíacas.
El Estado, además, cuenta con vastos recursos naturales y según la organización internacional WWF registra la mayor biodiversidad en el país: de las 22.350 especies de plantas conocidas en México, 8.400 están en Oaxaca. A pesar de toda esa riqueza, el Estado es el segundo más pobre de México, la economía informal supera el 80%, el salario mensual promedio apenas sobrepasa los 3.000 pesos (unos 150 dólares) y la población indígena —el 15% de los indígenas del país residen en este Estado— vive en condiciones de miseria.
El PRI gobernó durante 80 años esta región de 4 millones de habitantes y regresó al poder en 2016, después de una interrupción de seis años, de manos del actual gobernador Alejandro Murat Hinojosa, hijo del polémico exgobernador José Murat (1998-2004). Con el 64% de su población sumida en la pobreza, los oaxaqueños acuden a las urnas este domingo cansados de promesas incumplidas de parte de una clase política que vive en el lujo y la abundancia.
Son siete los candidatos que aspiran a controlar el Estado: Dulce Alejandra García, del Movimiento Ciudadano; Alejandro Avilés de la alianza PRI-PRD; Salomón Jara, de la coalición Morena-PT-PVEM-PUP; Bersahín Asael López López, de Nueva Alianza; Antonia Natividad Díaz Jiménez, del conservador PAN; y los candidatos independientes Mauricio Cruz Vargas y Jesús López Rodríguez. Es, sin embargo, el candidato de Morena quien encabeza las encuestas y tiene grandes posibilidades de ganar una de las regiones del país más importantes y cuyo control es uno de los objetivos del presidente López Obrador.
“El cantado triunfo del candidato de Morena no será sino consecuencia lógica del respaldo a AMLO. Por eso la abrumadora ventaja sobre su más cercano competidor, el candidato del PRI. Los otros partidos luchan por su supervivencia. El PAN, el PRD [aliado con el PRI], y el partido local Unidad Popular [vinculado con Morena] están en su nivel más bajo”, ha escrito Víctor Leonel Juan-Martínez, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en un análisis publicado por la organización México, cómo vamos.
Quintana Roo: la violencia secuestra el paraíso mexicano
Tulum es una joya opacada. El destino predilecto de millones de turistas es también el municipio en donde la pobreza más aumentó en los últimos años, según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): la tasa pasó de un 32% en 2015, a un 62% en 2020. A la pobreza se une la violencia que machaca las zonas turísticas del Estado, que ha pasado a formar parte de la tristemente célebre lista de las regiones del país donde el crimen organizado ha logrado un vasto control: Zacatecas, Baja California, Colima, Quintana Roo, Michoacán, Morelos, Sonora, Chihuahua y Guanajuato.
En el Estado, de casi dos millones de habitantes, operan al menos cinco agrupaciones criminales. Y ya es común escuchar en las noticias la violencia, extorsiones y secuestros a empresarios que veían en sus playas y centros turísticos un paraíso para sus inversiones.
El Estado está disputado por cinco candidaturas: Leslie Angelina Hendricks Rubio (PRI), José Luis Pech Varguez (Movimiento Ciudadano), Josué Nivardo Mena Villanueva (MAS), María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (Coalición Juntos hacemos historia Morena-PT-PV-Fuerza México), Laura Lynn Fernández Piña (Coalición Va por México PRI-PAN-PRD). En este Estado las encuestas también dan una amplia ventaja a la candidata morenista, abanderada contra la corrupción, pero sin propuestas concretas para enfrentar los males que acechan a su Estado: la pobreza y la violencia. “¡Nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre! ¡Nunca más un gobierno de unos pocos que toman decisiones a espaldas de la gente! ¡Nunca más una sociedad oprimida por la corrupción y la apatía de sus gobernantes! ¡Vamos a cambiar de raíz la forma de hacer política y de gobernar!”, dijo Lezama Espinosa en abril, durante su arranque de campaña, un discurso que repite los eslóganes de campaña del máximo líder de su partido, el presidente López Obrador.
Tamaulipas: narcopolítica y el control del crimen organizado
El Estado de Tamaulipas cuenta con uno de los índices de desarrollo humano más altos de México y una de las tasas de informalidad laboral más bajas del país, con un 45%. La cercanía a Estados Unidos le ha favorecido en términos económicos, por las inversiones que llegan de la potencia del norte y el intercambio comercial. El puente internacional de Nuevo Laredo es considerado el mayor paso fronterizo de mercancías entre México y Estados Unidos, ya que registra el 40% del comercio entre ambas naciones.
Pero la cercanía a Estados Unidos también es una maldición para este Estado, ya que su población de 3,5 millones de habitantes ha convivido durante décadas con la violencia del crimen organizado. Las bandas criminales —principalmente Los Zetas y el Cártel del Golfo— tienen tanto control, que la campaña electoral a la gubernatura del Estado se ha desarrollado bajo acusaciones supuestos vínculos del narcotráfico entre los principales candidatos. Y una acusación de la Fiscalía General de la República que sobrevuela el mandato del actual gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, de presunta colaboración con el narco y lavado de dinero.
Este rico Estado norteño es disputado por Américo Villarreal Anaya, de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, el PT y PVEM), César Augusto El Truko Verástegui, de la coalición Va por México, del PAN-PRI-PRD, y Arturo Díez de Movimiento Ciudadano. En este Estado, bastión conservador, el oficialista Morena espera controlar un territorio hasta ahora dominado por el PAN, partido que ha acusado al candidato Villareal de recibir dinero proveniente del crimen organizado. Y mientras las acusaciones entre los principales candidatos han marcado la campaña, los habitantes del Estado conviven con cifras violentas de espanto: más de 11.000 desaparecidos, 375 homicidios en los primeros cuatro meses del año y el temor de vivir en zonas donde la ley la impone el narco.
Fuente y fotos: El País
