Colectivos feministas y voces ciudadanas hicieron un llamado a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, magistrada María Carolina Canto Valdés, para que su voto en la designación de jueces respete el principio de la Ley 3 de 3 contra la violencia, que prohíbe a agresores ocupar cargos públicos.
En particular, señalaron al juez Luis Armando Mendoza Casanova quien consideran inelegible por sus antecedentes de violencia familiar y por haber sido descartado anteriormente por el Congreso local.
Activistas recalcaron que las mujeres que hoy ocupan espacios de decisión en el Poder Judicial tienen la responsabilidad ética y de sororidad de garantizar que ningún agresor llegue a puestos de poder.
