Mérida, Yucatán, 2 de marzo del 2022.- El pasado viernes 25 de febrero, un grupo de organizaciones internacionales y especialistas ambientales y del sector salud, enviaron un amicus curiae al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rogelio Leal Mota. Señalaron que la mega granja porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), instalada en el territorio del pueblo maya de Homún, amenaza con ocasionar daños graves e irreversibles a la salud.
Manifestaron su expectativa de que el juzgador, quien resolverá el litigio de la niñez de Homún contra la fábrica de cerdos, resuelva a favor de las y los menores, y del medio ambiente sano.
En el documento citaron numerosos estudios científicos y testimonios de la experiencia estadounidense, para evidenciar que las fábricas de cerdos suponen riesgos de daño grave e irreversible para el medioambiente y la salud humana.
“Las mega granjas generan tales daños por la contaminación a los recursos de agua, superficiales y subterráneos, la contaminación del aire y la propagación de patógenos peligrosos. Estos riesgos son de particular gravedad para la salud de personas en situaciones de vulnerabilidad, como las niñas y niños que son los quejosos en el presente caso”, precisa el amicus curiae.
Una de las firmantes del escrito fue la doctora Jill Johnston, profesora de medicina preventiva en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, quien describió que investigaciones evidencian que la operación de granjas porcícolas industriales se asocia con el aumento de síntomas bronquiales y asma, presión arterial, estrés y ansiedad entre quienes viven cerca de los recintos.
Guillermo Zúñiga Martinez, abogado de la organización Earthjustice, mencionó que en el documento se describen pruebas de más de 40 años de cómo las actividades de las mega granjas porcinas envenenan a las y los trabajadores, las comunidades y al medio ambiente.
“Las autoridades no deberían esperar hasta que las y los jóvenes se enfermen para abordar estos daños. En cambio, las leyes mexicanas e internacionales requieren que las autoridades tomen todas las medidas necesarias para garantizar que estos daños inaceptables no ocurran”, señaló.
También se sumó al escrito la organización Greenpeace, la cual en el 2020 publicó el informe “La carne que está consumiendo al planeta”, sobre las principales afectaciones que ocasiona la industria porcícola en la península de Yucatán.
Por otro lado, en el documento también se detallan los daños que causaría la reapertura de la fábrica de cerdos localizada en Homún, tanto a los cenotes de la zona como a la calidad del agua y del aire en general, así como el posible impacto en la salud dada la exposición a bacterias resistentes a antibióticos y a otros patógenos.
“Se presentan referencias a pruebas científicas que respaldan la conclusión de que la Granja Porcícola Homún es una mega granja que amenaza con ocasionar daños graves e irreversibles, incluyendo afectaciones a la calidad del agua, emisión de contaminantes al aire y odorantes nocivos, a la vez que aumentan la exposición de la población afectada a bacterias resistentes a los antibióticos y otros patógenos dañinos, incluyendo los virus.
Basándonos en estas consideraciones, concluimos que los principios ambientales referidos obligan a los operadores jurisdiccionales usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar el daño ambiental, y que el otorgamiento del amparo en el presente caso por el Juzgado Segundo de Distrito sería consistente con esa obligación”, indica el escrito.
Además de Greenpeace y Earthjustice, firmaron el amicus curiae el Centro para la Diversidad Biológica y las organizaciones Coastal Carolina Riverwatch, La Paz Waterkeeper y Waterkeeper Alliance. Asimismo, se adhirieron especialistas como Larry Baldwin, Lawrence Cahoon, Meghan Davis, Mike Fliss, Robert S. Lawrence, Robert P. Martin, Arbor JL Quist, Ana María Rule, Kendall Thu, D’Ann Williams y Sacoby Wilson, además de la profesora Jill Johnston.
Cabe mencionar que un amicus curiae (amigo de la Corte), es un documento que permite a personas ajenas a un proceso ofrecer opiniones de trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, siempre y cuando justifiquen su interés en la resolución final.
Comunicado: Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
