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FGR investiga a Adrián de la Garza y Samuel García, candidatos a la gubernatura de Nuevo León

La Fiscalía General de la República (FGR) ha revelado este lunes que investiga a los dos principales contendientes por la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, del PRI, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Ambos lideran las encuestas en el Estado norteño, muy por delante de la candidata de Morena, el partido del presidente. La FGR anuncia en un comunicado que ha abierto expediente contra De la Garza por “compra y coacción del voto”, y a Samuel García, por presuntamente recibir aportaciones de dinero “de forma ilegal” y “con fines electorales”. Este giro llega a menos de un mes de las elecciones estatales del 6 de junio y una semana después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunciara en una de sus mañaneras a De la Garza por este caso.

La FGR atribuye su decisión de investigar a De la Garza a “un gran número de denuncias ciudadanas”. Se le acusa de solicitar “el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador”.

Esta acción, señala la Fiscalía, choca con la Constitución, que ordena prisión preventiva oficiosa por “el uso de programas sociales con fines electorales”. La institución no aclara en el comunicado si buscará encarcelar a De la Garza. López Obrador exhibió en dos de sus conferencias de prensa matutinas las “tarjetas rosas” presuntamente ofrecidas por el candidato priista.

Sobre Samuel García, favorito en las encuestas, la Fiscalía señala haber recibido una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”. Además de García, la denuncia incluye a su esposa, padre y suegro. La Fiscalía espera “obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso”.

Fuente: El País

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