La gran mayoría de las personas privadas de su libertad en cárceles de Yucatán se dicen parte de algún grupo étnico, y denuncia que no recibieron un trato desigual y fueron discriminados por los impartidores de justicia, ante la inexistencia de defensores que hablen su lengua o dialecto.
La Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Yucatán (Codhey) y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) dieron a conocer que son un aproximado de 1,145 personas que sufrieron ese proceso en sus juicios, por lo que firmaron un convenio para que los indígenas presos reciban asesoría y defensa legal en maya.
Tomas López Sarabia, presidente del Consejo directivo de Cepiadet recordó que el país, desde hace tres décadas, ha reconocido el derecho a la población indígena.
Sin embargo, se ha topado con que, aunque se tenga un marco jurídico amplio, desafortunadamente los derechos de la población indígena no se respetan en los sistemas estatales de justicia, informa el periódico Por Esto!
Recordó que el artículo 2º de la Constitución reconoce que no únicamente es tener derecho a un intérprete y un defensor, sino que abren la posibilidad a que ciertas conductas no sean necesariamente delitos en las comunidades en las que se desempeñan; por ejemplo, el consumo de algunos alimentos propios de las comunidades y que, para las leyes mexicanas, son un delito.
Por su parte, Miguel Óscar Sabido Santana, titular de Codhey, señaló que la firma es sólo la formalización de la colaboración, pues desde meses atrás se ha tenido un acercamiento y trabajo conjunto en estos temas.
Aseguró que a alianza que se formaliza permitirá atender de mejor manera los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Fuente: Por Esto!
