El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha deforestado más de 144 hectáreas de terrenos forestales y han abierto caminos y bancos de material sin autorización, como parte de las obras del mega proyecto Tren Maya, de acuerdo con los resultados de un sobrevuelo realizado sobre Yucatán, Campeche y Quintana Roo por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en abril pasado.
El desmonte de la selva maya, sin autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, además de constituir una violación a la ley ambiental mexicana, contraviene medidas cautelares concedidas por Juzgados de Distrito, derivadas de juicios promovidos desde enero de 2020 por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras en la región, en reclamo a sus derechos humanos a la consulta previa, libre e informada; a un medioambiente sano, a la salud y a la vivienda.
La admisión y resolución de esos amparos también ha sido obstaculizada por el Poder Judicial de la Federación, afirmó hoy el Cemda, junto con las asociaciones civiles de Indignación, Kanan Derechos Humanos, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) y la activista Kalycho Escoffié, quienes advirtieron que se está contraviniendo el Convenio de Escazú, firmado por el gobierno mexicano, al negar o dilatar el acceso a la justicia.
En conferencia de prensa, explicaron que los amparos son diversos y se han promovido en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y algunos de ellos han generado suspensiones que han sido desacatadas por el Fonatur.
Entre las suspensiones obtenidas por el Cemda, está la de las obras que van de Calkiní a Escárcega; Kanan obtuvo otra, para el tramo en donde se ubican Izamal, Chocholá y Mérida; y el Cripx, una aplicable para el municipio de Calakmul, por ejemplo.
En otros casos, después de un año y tres meses de presentadas las demandas, no han sido admitidas, pues los juzgados han remitido los expedientes de un estado a otro.
Uno de estos amparos transitó de los juzgados de la Ciudad de México a Campeche y de ahí, una parte se envió a Quintana Roo y a Yucatán, pretextando que esos juzgados no podían conocer del asunto y correspondía resolver a otro juzgado.
Cuando se definió el juzgado competente, el Consejo de la Judicatura federal -a petición de Nacional Financiera- decidió en julio pasado que todos los asuntos judiciales relacionados con el Tren Maya serían vistos por el Juzgado Primero de Distrito, localizado en Mérida, Yucatán, y no en las entidades en donde radican las personas afectadas.
Para Xavier Martínez Esponda, director técnico operativo del CEMDA, es extraño que Nacional Financiera, que no forma parte de los litigios, haya hecho la solicitud de concentrar los juicios relacionados con el Tren en un solo Juzgado y, más aún, que el Consejo de la Judicatura lo admitiera y aceptara.
Las implicaciones de ese acto, estriban en que a más de un año de presentados los amparos, se sigue a la espera de que la totalidad de actuaciones lleguen a ese juzgado para tener una admisión completa de la demanda, generando una situación de denegación de justicia, ahondó.
También se han presentado pruebas periciales, solicitud de medidas cautelares y ampliaciones de demanda, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito se haya pronunciado.
“Esta situación hace evidente que el Poder Judicial de la Federación se está limitando a sí mismo en su actuar, en violación al estándar fijado por el Acuerdo de Escazú”, indicó Martínez Esponda.
Proyecto Tren Maya no es solo un tren
El Tren Maya -recordaron- forma parte de un plan de reordenamiento, que rebasa la simple construcción de un ferrocarril, cuya ruta cruza cinco estados -Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán- impactando más de 14 mil hectáreas de la región.
Además de la renovación de 547 kilómetros de vías existentes, se construirán nuevas vías en otros mil kilómetros para el paso de un ferrocarril de pasajeros y de carga; se edificarán estaciones de tren, dos libramientos carreteros y nueve centros de población.
Los riesgos de la magna obra van desde la deforestacón de dos mil 500 hectáreas de selvas húmedas y secas, pasando por conflictos sociales derivados de la tenencia de la tierra en 53 por ciento de la ruta del Tren Maya, situada sobre terrenos ejidales e impactos en Áreas Naturales Protegidas (ANPs), expusieron las organizaciones.
También la pérdida y fragmentación del hábitat, atropellamiento y bloqueos de paso de fauna, así como generación de ruido que afectará particularmente la orientación de murciélagos en Calakmul, localidad de Campeche que verá agudizado el desabasto de agua y resentirá la presión en su zona arqueológica, debido al aumento de visitantes, de 40 mil en la actualidad a 3 millones, según el cálculo del propio Fonatur.
Deforestación ilegal
El conjunto de obras que integran el proyecto -que sigue modificándose- requiere de una serie de autorizaciones que el Fonatur obtuvo y se han judicializado o que ni siquiera ha tramitado o conseguido, aun cuando los trabajos ya iniciaron.
El argumento del Fondo es que las obras han iniciado en los derechos de vía ya adquiridos o en tramos en donde solo se desarrollan trabajos de rehabilitación.
Sin embargo, el Cemda logró documentar en dos sobrevuelos realizados en Yucatán, Campeche y Quintana Roo -el 24 y 25 de abril- la deforestación de 144 hectáreas de cobertura vegetal, sin la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Las imágenes tomadas se contrastaron con imágenes satelitales del 2020, lo que permitió cuantificar el daño, relató Aarón Siller, del Cemda-Sureste. Se observó además la apertura de caminos y de bancos de materiales petreos en la zona.
El activista agregó que la propia Semarnat al dar respuesta a solicitudes de información, precisó que las zonas impactadas “no cuentan con permisos de cambio de uso del suelo en terrenos forestales vinculados al proyecto Tren Maya”.
Lo anterior constituye una violación directa al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) contenido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), y al derecho constitucional a un medio ambiente sano, al no existir estudios ni autorizaciones que justifiquen la viabilidad de desmontar terrenos forestales.
Los sobrevuelos arrojaron que el Fonatur sigue trabajando en toda la ruta del proyecto, realizando actividades que van más allá de rehabilitación de las obras existentes, lo que constituye una violación a las suspensiones que los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados han otorgado a favor de las comunidades, colectivos y organizaciones, en las que se obliga a las autoridades ha abstenerse de ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya.
Sobre las violaciones al derecho a la vivienda, Kalycho Escoffié indicó que, aunque se ha modificado el trazo del proyecto en algunas poblaciones como Campeche y Mérida, para evitar desalojos, estos persisten de manera forzada en comunidades mayas.
La abogada especialista en derechos de la vivienda remarcó que, incluso, se está presionando a pobladores que han presentado amparos para que entreguen sus terrenos bajo la promesa de recibir casas nuevas, en la mayoría de los casos sin garantías o convenios que les den certeza jurídica.
“Lo han nombrado como reubicación, pero es un verdadero desalojo forzado; se les hostiga y presiona para dejar sus viendas y renunciar al amparo, si es que lo hay”, sostuvo.
Fuente y foto: El Universal
