Por unanimidad, los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron la propuesta de acuerdo solicitada por la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, donde se hace un llamado a los ayuntamientos que a la fecha no han instalado sus Órganos de Control Interno, para que lo realicen y den cumplimiento a lo establecido en la base séptima del artículo 77 de la Constitución Política del Estado y para que consideren en su presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, los recursos para la creación y funcionamiento de los órganos e informar a esta Soberanía su determinación.
Esta propuesta contiene otro exhorto para que los ayuntamientos en el ámbito de su competencia informen el nombre, dirección y correo electrónico de las personas que fungen como asesores municipales actualmente.
Al hacer uso de la palabra, el diputado del PAN Erik Rihani González, explicó que desde el plazo vencido para que los ayuntamientos instalen sus Órganos de Control Interno, han transcurrido 162 días en los que algunos no han cumplido con esta obligación, llevándolos a un desacato a la Constitución local. “Estamos a menos de un mes del vencimiento del término para que las comunas presenten su paquete fiscal municipal, por lo que cuentan con tiempo suficiente para que en la próxima planeación contemplen el monto suficiente para la creación de estos órganos”, dijo.
En su discurso, hizo un reconocimiento al diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, pues en la comisión propuso que se integre un segundo punto para que los municipios remitieran a esta Soberanía los datos de quienes actualmente fungen como asesores municipales, esto como un ejercicio de corresponsabilidad y apoyo al fortalecimiento de la administración municipal.
“Proponemos que esta Soberanía realice un atento llamado a los Ayuntamientos del Estado que aún no han cumplido con dichas normas, para que a la brevedad posible subsanen estas inconsistencias y tomen las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento”, apuntó.
En los asuntos generales, la diputada de Acción Nacional Carmen González Martín, presentó una iniciativa para adicionar el primer párrafo del artículo 6, se reforme el primer párrafo del artículo 7, las fracciones Primera y Décimo tercera del artículo 22 y la fracción Quinta del artículo 28 de la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, cuyo fin es brindar asistencia oportuna y especializada a las víctimas vulnerables, garantizando la incorporación de traductores e intérpretes que atiendan las comunidades indígenas y garanticen este servicio en diferentes instituciones.
“Se hace necesario mencionar y referir nuevamente que está iniciativa busca armonizar nuestra Ley de Víctimas del Estado de Yucatán a la Ley General de Víctimas, es por lo anterior, que se advierte una clara necesidad para dar cumplimiento al mandato en comento, a efecto de atender las necesidades específicas, en materia de acceso a la justicia”, agregó.
A esta iniciativa se sumaron los diputados de Acción Nacional, Erik Rihani González y Manuela Cocom Bolio.
En su turno, el diputado Gaspar Quintal Parra, presentó una iniciativa, a la que se sumó el diputado Rafael Echazarreta Torres (Morena), para que bajo el lema “¡Nada de nosotros sin nosotros!”, se establezca de la siguiente manera: Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad, en toda política y acción pública se tendrá el modelo social de derechos, respetando su autonomía, independencia y capacidad jurídica. En forma transversal, se observarán los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables de todo tipo de discapacidad.
“El reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad dentro de la norma suprema local, representará la forma en que se concibe la democracia y que debe reflejarse para todas las personas sin excepción”, dijo.
Seguidamente, la diputada Dafne López Osorio (PAN), expresó ante los diputados sobre la firma de convenio celebrada con la UNICEF, cuyo fin se centra en beneficiar y enriquecer los ordenamientos jurídicos en materia de bienestar de la niñez y adolescencia, para garantizar el derecho al disfrute del más alto nivel de salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
“Porque las niñas y niños y sus familias no deben de ser vistos como grupos con posibilidad de perpetuar un acto de interferencia ilícita, como hoy se les ve desde el Gobierno Federal, sino que deben ser vistos como la más bella poesía y actuar para protegerlos, proveerlos y cuidarlos como lo que son: Nuestro más preciado tesoro y la esperanza presente de un futuro mejor para todas y todos”, agregó.
Por último, el diputado de Morena Rafael Echazarreta Torres, en el marco del aniversario número 85 de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló que la visión, conformación y el sentido de unidad que genera y da origen a la vida organiza lo que representa a la institución más sólida del país.
“Tenemos que reconocer y darle su lugar en la historia a los integrantes del ejército como la institución más grande de seguridad de México, por tanto, es importante recalcar que, al día de hoy según las propias encuestas, cuatro de cada cinco mexicanos están de acuerdo en que el Ejercito continúe en tareas encaminadas a la seguridad interior de nuestro país por eso seremos muy claros, hoy que llegó la minuta tenemos que ser responsables en la toma de decisiones”, comentó.
Como parte del orden del día, se turnó a la comisión de Arte y Cultura la iniciativa presentada por los diputados Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN) y Crescencio Gutiérrez González (NA), para declarar el “2023, Bicentenario del Congreso del Estado de Yucatán”.
La iniciativa para adicionar la Fracción Bis al artículo 41 y reformar la Fracción V del artículo 51 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado para establecer las vías correspondientes y garantizar el derecho de toda persona a la atención ciudadana brindando una experiencia más accesible, cercana y transparente presentada por la diputada Manuela Cocom Bolio, se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
A la misma comisión se envió la iniciativa presentada por la diputada Karla Franco Blanco y el diputado Gaspar Quintal Parra, ambos del PRI, para reformar y adicionar el Código de la Administración Pública en materia de igualdad laboral y salarial.
Se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para adicionar una fracción X al artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
A la misma comisión también se turnó la minuta para reformar el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Guardia Nacional, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Se dio lectura a los oficios enviados por los municipios de Cuncunul, Chicxulub Pueblo, Dzilam de Bravo, Kaua, Opichén, y el enviado por el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal.
Por último, los diputados aprobaron la celebración de la siguiente sesión para jueves 3 de noviembre a las 11 horas.
Comisión de Vigilancia de la Cuneta Pública, Transparencia y Anticorrupción
Posterior a la plenaria, se llevó a cabo la sesión de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, donde se dio lectura y se aprobaron las convocatorias para la designación de los titulares del Órgano de Control Interno del INAIP y de la CODHEY.
Esto se aprobó con las propuestas realizadas por el diputado Crescencio Gutiérrez González para que en las convocatorias se aplique la Ley 3 de 3 y la propuesta del diputado Rafael Echazarreta (Morena) respecto a los requisitos que deben cumplir las candidatas o candidatos al puesto.
Ambas convocatorias tendrán que ser aprobadas en el Pleno para sus respectivas publicaciones e iniciar con el proceso de designación de los titulares.
Por último, se distribuyó el oficio enviado por Mario Can Marín, Auditor Superior del Estado de Yucatán, con el que remite la primera entrega de los informes individuales y ejecutivo de los mismos, correspondientes a la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2021.
